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18/01/2022
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¿Por qué la economía cubana no funciona ni con plan ni con presupuesto?

No hay nada peor en la dirección de los asuntos económicos de un país que cometer errores y no acertar en el diagnóstico de los problemas y las medidas adoptadas. Actuar de ese modo, resta credibilidad a los responsables de la economía, hace difícil realizar previsiones y contribuye a una ceremonia de confusión de la que nadie sale bien parado.

El área económica es, con diferencia, la que peores resultados de gestión presenta en el régimen castrista. Son 60 años apostando por un modelo de planificación central sin derechos de propiedad ni mercado para intervenir en la actividad económica que ha sido una cosecha continua de fracasos, uno tras otro.

Cuando se escriba con independencia de criterio y objetividad la historia de la planificación central en Cuba desde los tiempos de la JUCEPLAN, no se podrá obtener otra valoración que fracaso. Granma dedica un reportaje a la reunión del consejo de ministros en la que se aprobaron el plan de la economía y el presupuesto del estado para el 2022, que se presentarán en unos días a la Asamblea Nacional para que los diputados den su aprobación.

Del plan habló el ministro Gil, que presentó las líneas maestras del mismo, mostrándose optimista y poco crítico con lo que ha sido la gestión de la economía en los dos últimos años. Un asunto de su responsabilidad.

Y aquí comenzó un espectáculo poco gratificante. Lo primero que dijo, ni él se lo cree, es que la economía cubana ha comenzado un “proceso gradual de recuperación de los niveles de actividad”. Un proceso que se debe interpretar con mucho cuidado, porque si bien es cierto que el segundo y tercer trimestre pasaron a tasas positivas del PIB, según la ONEI, lo hicieron a un ritmo menor, y todavía con datos medios anuales, la economía se encuentra en recesión, -1,2% hasta el tercer trimestre.

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¿Cómo puede avanzar Cuba económicamente en 2021?

La respuesta a esta pregunta es solo una. No podrá si no se introducen reformas estructurales de gran calado, que, por otra parte, el gobierno no está dispuesto a asumir.

En 2020 el PIB de la economía cayó un 10,9%. Un año antes lo había hecho en un 0,2%. Esto significa que la economía cubana lleva casi dos años reduciendo su tamaño, porque las políticas económicas adoptadas por el gobierno resultan ineficaces para revertir las tendencias. En 2021 las cosas no han ido a mejor.

¿En qué consisten estas políticas del gobierno? Ni más ni menos que en más estado: más gasto público corriente, más déficit, más expansión monetaria, más inflación y descontrol. La vía emprendida por las autoridades es un fracaso, y en ausencia de turismo, petróleo de Venezuela, ingresos de servicios médicos y remesas suficientes, el sistema económico se viene abajo, sin solución de continuidad.

Mientras el gobierno no deje de responsabilizar a otros de los problemas de la economía y asuma su responsabilidad en el curso de los acontecimientos, la economía cubana no podrá mejorar.  No parece que esta actitud prudente, creíble y responsable esté en los planes de quienes solo aspiran a ganar tiempo ante lo que parece inevitable: el fin del sistema económico y social.

Entonces, ¿hay que darlo todo por perdido? ¿No existe acaso una alternativa para cambiar este signo negativo de la economía? Por supuesto que sí, pero el gobierno, por motivos ideológicos, la rechaza.

La alternativa es menos estado, y más sector privado. Para ello, lo primero, es controlar los desequilibrios interno y externo, para sentar las bases del crecimiento.

El desequilibrio interno viene provocado por la combinación mortífera de un déficit estatal que subirá del 17% del PIB, una inflación por encima del 18,5% con la que cerró el año 2020, y una expansión monetaria descontrolada que ha llevado la definición del dinero M2 en porcentaje sobre el PIB a un 120%. El desequilibrio externo tiene su origen en la escasez de divisas provocada por la reducción del turismo y las exportaciones, elevando el importe de la deuda externa (2018) por encima del 20% del PIB.

Es por ello que el régimen no ha dado prioridad a lo más importante, como asumir los pagos y los compromisos con los acreedores internacionales para poder continuar obteniendo financiación. Esta debería haber sido una apuesta firme en la actual coyuntura, ya que cualquier aplazamiento de pago o el impago mismo de la deuda no hace otra cosa que arrojar sombras de duda sobre el país.

También resulta prioritario potenciar el sector privado por cuenta propia permitiendo que comercie libremente con el exterior y que reciba inversiones extranjeras. Conforme se liberen recursos financieros de los improductivos programas de gasto corriente del estado, se debe aumentar la inversión en infraestructuras que generen empleo productivo a corto plazo. Y estas medidas, de aplicarse, no llevan a un crecimiento económico inmediato, porque sus efectos toman tiempo en materializarse.

De 2021 queda poco menos de medio año para finalizar. Cambiar el curso de los acontecimientos en esta segunda parte del ejercicio no será fácil. No existe ninguna tendencia del entorno que pueda beneficiar a la economía cubana con un crecimiento suficiente para contrarrestar el pasado inmediato. Visto desde esta perspectiva, el año se puede dar por perdido, y conviene ir olvidando algunas previsiones de organismos internacionales que otorgan a la economía cubana un crecimiento del PIB en 2020 del 2%, por cierto, de los más bajos de América Latina.

Los problemas de oferta están generalizados en todos los sectores productivos, tanto que el régimen se ha visto obligado a contraponer a su voluntad autárquica, la importación de alimentos, medicamentos, aseo a las que se unen equipos de renovables, sin pagar impuestos aduaneros. Medidas que no van a servir para aumentar la oferta, sobre todo en el sector agropecuario, incapaz de alimentar a toda la población.

Las empresas estatales se muestran incapaces de producir son solvencia porque han retrasado sus inversiones en años precedentes y se encuentran amenazadas por las decisiones adoptadas en la Tarea Ordenamiento. La intervención del estado en la economía ha supuesto un fracaso tras otro. En estas condiciones, al régimen le queda poco tiempo para implementar lo que realmente puede salvar a la economía cubana, y que no es otra cosa que su tránsito hacia la propiedad privada, el mercado y la libre elección. Esas son las reformas estructurales que pueden cambiar la economía de la nación.

 

¿Es Cuba un espacio adecuado para la actividad económica?

La respuesta a esta cuestión no es complicada. En esencia, se trata de mostrar que las instituciones, normas, e incluso el texto constitucional, no aportan suficientes evidencias de un modelo favorable para el crecimiento económico. Tras el fracaso de los regímenes socialistas de Europa y la opción de China y Vietnam hacia las libertades económicas, Cuba se ha quedado en el mundo como el último baluarte de la guerra fría, defendiendo un modelo económico agotado, que no da para más y que tiene que ser modificado.

El socialismo de inspiración comunista que reivindican los dirigentes cubanos supone un estado dueño absoluto de los medios de producción, con capacidad para controlar la economía por medio de la planificación central, la ausencia de libres derechos de propiedad privada y la anomalía de contar con uno de los pocos ministerios con competencias en materia de precios. Un modelo que no facilita el despegue de la actividad económica.

En la práctica el modelo social comunista cubano combina un estado totalitario que gasta más de lo que ingresa de forma sistemática, muy sobredimensionado porque detrae no solo recursos tributarios, sino también no tributarios de las empresas, lo que debe combinar con subsidios que se destinan a rebajar los precios de la producción poco competitiva e ineficiente.

No existe respeto a la propiedad privada, ni garantías para su existencia, porque no hay un estado democrático de derecho, las expropiaciones se mantienen como espada de Damocles en la regulación y la planificación central desarrolla amplias competencias sobre la economía. demás, Cuba no mantiene estabilidad monetaria y fiscal, como consecuencia de la elevada intervención del gobierno en la economía. El estado necesita de las divisas y por ello apuesta por la libertad de comercio e inversiones, pero prohíbe la realización de proyectos que no se ajusten a las directrices oficiales.

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Cuba: Tarea Ordenamiento, del control de precios a las multas y sanciones

La obsesión por el control de los precios acabará siendo el principal enemigo de la situación actual que golpea a la economía cubana y muchos comercios acabarán cerrando sus puertas. Si los cubanos no se dan cuenta de que el responsable de la crisis actual es el gobierno y su insistencia en dirigir la economía nacional con un modelo obsoleto, que ni chinos ni vietnamitas siguen ya, entonces, poco habrá que hacer. La realidad es contundente. El único responsable de las colas, la carestía, las penalidades y la falta de comida es el gobierno. No hay más vuelta de hoja.

Por eso, un reciente artículo en Cubadebate titulado “Control, palabra clave: ¿Cómo enfrentar los precios abusivos y especulativos?” mete el dedo en la llaga y hace sangre, pero esta no llega al río. A partir de testimonios diversos de gente, el artículo desgrana responsabilidades hacia comerciantes, carretilleros, panaderos, etc, sin acudir directamente al origen de los problemas.

Las tardanzas en las colas y la aglomeración de gente, sin respetar las condiciones sanitarias de la pandemia, no son más que manifestaciones de la dimensión de un iceberg que amenaza con destruir el barco de la economía. Siempre han estado ahí, y ahora coinciden con insatisfacciones con la calidad de los servicios y productos, falta de personal en los puestos de atención al público, ejecución de procedimientos inadecuados para cumplir las normas sanitarias, junto a las denominadas “contravenciones personales por violaciones de la política de precios y tarifas” que tienen su plasmación en el reciente Decreto 30 de 2021.

Este Decreto 30 sobre las “Contravenciones personales por violaciones de la política de precios y tarifas” actualizó los supuestos de infracción, pero sobre todo, las multas, que oscilan entre 2.500 y 15.000 pesos. Su objetivo es enfrentar las indisciplinas y el descontrol, así como incrementar el rigor de lo dispuesto.

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Balance del primer mes de la Tarea Ordenamiento en Cuba

Cuando la Tarea Ordenamiento está a punto de cumplir su primer mes, resulta interesante prestar atención a la letanía de Díaz Canel, con el mismo mantra de siempre de que “tenemos que cambiar conceptos, cambiar mentalidades para desatar definitivamente las fuerzas productivas y la Tarea Ordenamiento favorece eso”. Escuchando este mensaje, los cubanos se deben andar mirando unos a otros con cierta sensación de asombro, aburrimiento e incertidumbre. Más de uno debió preguntarse, en silencio, por supuesto, ¿y qué viene ahora?

Lo cierto es que mal, muy mal deben estar yendo las cosas con la Tarea Ordenamiento cuando las encuestas que elabora el partido comunista para medir el tono social deben estar dando resultados alarmantes, como para no dormir. Díaz Canel es consciente de que su futuro personal está en juego en el próximo cónclave comunista, y la Tarea Ordenamiento le puede acabar dando el golpe de gracia.

Su argumentario reposa en varias ideas fuerza que, a base de repetirlas, acaban convirtiéndose en convicciones. Por ejemplo, la complejidad del momento crucial que atraviesa el país. Si tanta es la complejidad, ¿qué sentido tiene embarcarse en unas políticas cuyo resultado incierto, no permite calibrar el estado final? ¿Acaso no sería más prudente tratar de arreglar los contenciosos, como el eterno embargo, o la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 a lo largo de casi un año? Díaz Canel se ha lanzado a la piscina, sin agua, sin atender a los condicionantes del entorno, pese a que algunos han estado presentes en la economía cubana durante muchos años. Nadie pone en duda la complejidad de la situación económica. Lo es en todos los países, en mayor o menor medida, y por eso, la aplicación de la Tarea Ordenamiento entraña graves riesgos. Nadie ha podido entender por qué de una urgencia que llevaba once años de reflexión y estudio.

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