• That department is the economic engine of the country and is on indefinite strike due to the controversy surrounding the census. The MAS strategy could generate violent clashes and the action of the military.
• Bolivia suspended the export of beef, sugar and soybeans after agrarian protests in Santa Cruz.

Strikers clash with police in Bolivia Santa Cruz, Nov. 1.– The department of Santa Cruz, the largest region and economic engine in Bolivia, completed this Tuesday 11 days of indefinite strike due to the controversy surrounding the coming census in 2023, and overwhelmed by the accumulation of garbage and fuel shortages, amid the siege imposed by official sectors that reject the strike.

The strike promoted by the civic sectors and the "siege" promoted by groups that defend the government of President Luis Arce have Santa Cruz in a critical situation in spite of new requests for dialogue.

Alternativa Democrática Sindical de las Américas rechaza el arresto arbitrario al que fueron sometidos nuestros compañeros sindicalistas de la ASIC Cuba y se solidariza con los compañeros, Ramón Zamora Rodríguez, quien junto a sus dos hijos Yisán y Lisán Zamora Ricardo también sindicalistas independientes, se encuentran arrestados desde el pasado miércoles 5 de octubre en el Centro de Instrucción Penal y Policial, de la ciudad de Holguín, Cuba, donde fueron confinados luego que fuerzas combinadas de la policía política secreta y nacional allanaran su casa e incautaran además de sus teléfonos móviles, impresos y materiales sobre talleres de derechos laboral que impartían en sus reuniones.

Mailín Ricardo Góngora, esposa de Zamora Rodríguez, también había sido detenida y posteriormente liberada esa misma noche, y que tanto su esposo como sus dos hijos están siendo acusados de un supuesto delito de desórdenes públicos en represalias a un “cacerolazo” que toda la familia junto con otros vecinos habían protagonizado en casa la noche anterior en protesta por la situación de falta de electricidad, agua y otras calamidades.

Hacemos un llamado al presidente Miguel Díaz-Canel, para que sean liberados nuestros compañeros que fueron detenidos de manera ilegal e injustificada y que claramente se violaron sus derechos humanos, a la libertad, a expresarse que existe una clara persecución política y acoso contra nuestra afiliada ASIC Cuba. También hacemos un llamado a la comunidad internacional para que rechace este tipo de acciones que se repiten constantemente en contra de nuestros compañeros de Cuba.

La segunda fase del Foro Social realizado en Caracas del 26 al 29/09 pasado y coordinado por la Organización Internacional del Trabajo, amerita abordar el accionar de los diferentes actores de las relaciones de trabajo en Venezuela y las propuestas anunciadas luego de finalizado el evento.

Como ya conocemos la reunión tripartita de septiembre estuvo precedida de una primera fase realizada del 25 al 29/04 de 2022, cuya realización ha sido la consecuencia de la Comisión de Encuesta aprobada por la OIT (2019) para evaluar la aplicación de los convenios 26, fijación de salarios mínimos, 87, libertad sindical y 144, consulta tripartita.

Luego de transcurridos 5 meses de abril a septiembre 2022 demás está decir que el régimen madurista ha sido aplazado, en todas las asignaturas que los convenios laborales establecen para lograr el trabajo decente, se reconozca la libertad sindical y se consulte debidamente a empresarios y trabajadores en materia de fijación de salarios y de empleo.

Esta situación ha derivado en la protesta laboral acentuada al mantenerse el salario mínimo como el salario promedio del sector público, la afectación del complemento salarial con el Instructivo ONAPRE y el fracaso rotundo de la política económica por su incapacidad de contener la inflación. La muestra evidente es que el salario mínimo de 30 $ mensuales decretado unilateralmente en marzo hoy representan 15 $, cantidad insuficiente ante una canasta alimentaria de 450 $ al mes.

Es oportuno preguntarse ¿vale la pena continuar con estos encuentros a pesar de la evidente posición del régimen de evadir su responsabilidad ante este desmadre laboral?, la respuesta debe ser indudable y del tamaño de una catedral, un rotundo Si.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú, este 1 de octubre; Día del Periodista, invoca a una profunda reflexión sobre el rol que tenemos frente al derecho a saber de la colectividad y advierte sobre las condiciones en que se ejerce la noble actividad de informar.

Esta fecha jubilar, que recuerda la aparición del primer cotidiano de América Latina, El Diario de Lima, hace 232 años, debe comprometernos con los principios básicos del periodismo. Verdad, libertad y responsabilidad son esenciales para la convivencia social.

Para los periodistas en el Perú los tiempos suelen ser adversos. En democracia y en autocracia. La amenaza, la persecución, la hostilidad han sido, son y, lamentablemente, seguirán siendo instrumentos de arremetida de los poderes fácticos. El periodista, tiene en la pluma, la voz y la decencia, sus mejores herramientas para hacer prevalecer la condición de servicio social de su actividad.

Este 1 de octubre la ANP rememora a Jaime Ayala, Hugo Bustíos, Pedro Yauri, Melisa Alfaro, Juan Morales Ortega, Adolfo Isuiza, los periodistas mártires de Uchuraccay, entre otros tantos asesinados y desaparecidos en el periodo de violencia entre el 80 y el 2000, periodistas que nos legaron ejemplar lección de lo que significa la búsqueda de la verdad. La ANP le recuerda al Estado y la sociedad la deuda de justicia pendiente con las familias. También evoca a esos 199 periodistas fallecidos en pandemia a quienes los mató esa amalgama perversa de COVID, precarización y apatía de los mandantes.

Con la misma convicción con que la ANP demanda una firme conducta moral a quienes informan cotidianamente, también requiere todo cese de acciones, discursiva e iniciativas que coartan la actividad periodística a nivel nacional. Más allá de las agresiones físicas, el hostigamiento, la persecución judicial, el amedrentamiento, la ANP llama la atención especialmente respecto a cuatro amenazas legislativas en ciernes. La primera, el proyecto de ley No. 2508/2021-PE -enviado por el Ejecutivo al Congreso- que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación pena.