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29/11/2021
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MANIFIESTO DE JUSTICIA SOCIAL PARA LA CUBA DEL FUTURO

Las organizaciones y personas firmantes de este Manifiesto respaldan resueltamente el Documento titulado "Bases para el Futuro: Respuesta a la Conceptualización del actual Modelo Económico y Social Cubano para el período 2018-2030.", aprobado en el Taller realizado el 4 de noviembre de 2017 en la Escuela de Derecho de la Florida International University, en Miami.

Reconocemos que este documento hace una certera crítica constructiva a la política económica aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular en mayo/junio pasado, y ofrece opciones viables que contribuirían a edificar una Cuba mejor con mayores perspectivas de progreso y libertad para su pueblo, orientándose hacia un modelo respetuoso con el compromiso político de lograr la necesaria armonía entre el funcionamiento de la economía de mercado y el alcance de la justicia social.

El documento aprobado es apenas un esbozo de las cuestiones fundamentales que han de tenerse en cuenta para impulsar una reforma económica progresista, la cual precisa elaborarse a profundidad en un ambiente de integración de toda la Nación cubana y de plena libertad de expresión que permita el debate franco y abierto para desarrollar y decidir los detalles indispensables de tan complicado y trascendente tema.

Con ese propósito, consideramos que las reformas económicas esbozadas en "Bases para el Futuro"  deben desarrollarse respetando los siguientes principios básicos:

  • Desarrollo pleno de las actividades económicas, mediante un orden jurídico que facilite el funcionamiento de instituciones que las promuevan, fomenten y generen confianza y estabilidad. Las actividades empresariales públicas y privadas recibirán el mismo tratamiento legal y la misma seguridad jurídica.
  • Respeto a la propiedad privada y su reconocimiento como derecho individual con plenas garantías, siempre que no sea lesiva al interés colectivo, según lo estipule la Constitución y las leyes formuladas para atender a su función social.
  • Libertad de empresa y sindicación con una responsabilidad social que respete el compromiso de empleados y empleadores de promover el bien común mediante normas de participación en las utilidades y la creación de fondos de contingencia y protección para cada uno de los gremios laborales.
  • Promoción del cooperativismo en todos sus modelos y respaldo financiero, mediante créditos asequibles, de otras empresas comunitarias o de autogestión.
  • Establecimiento de un sistema tributario justo que requiera que cada individuo contribuya a la comunidad conforme a su capacidad de rendimiento y al nivel de sus ingresos, orientado a promover un firme compromiso de solidaridad y de cooperación social en un sistema de proporcionalidad orientado a un justo equilibrio de las rentas y la riqueza de todos los habitantes del país.
  • Creación de un sistema universal de Seguridad y Asistencia Social organizado por entidades públicas y privadas, de conformidad con la ley y debidamente garantizado por el Estado para que goce de sustentabilidad y responda a las necesidades mínimas de los beneficiados.
  • Aplicación del principio de subsidiariedad en las políticas económicas y en la gestión de las decisiones administrativas que permitan a los gobiernos locales y a las asociaciones comunitarias tomar decisiones presupuestarias y de orden impositivo, incluyendo una amplia autonomía municipal sobre sus propios recursos con transparencia, amplia publicidad y participación comunitaria.
  • Respaldo legal al desarrollo de actividades y mercados competitivos, impulsando la libre competencia y prohibiendo la formación de monopolios y oligopolios. No se permitirá la acumulación privada de poder económico en grado tal que ponga en peligro la independencia del Estado. Las concesiones de servicios públicos, cuando excepcionalmente se hagan, no podrán ser otorgadas por un período mayor a un número de años establecido por la ley y estarán supervisadas por el Estado.
  • Promoción de leyes que establezcan un fundamento ético para el funcionamiento de las instituciones públicas y el orden económico y social, las cuales fomenten la autodisciplina, la responsabilidad política, el sentido de justicia laboral, la honradez administrativa, la lealtad mutua entre empresarios y trabajadores, el respeto a la dignidad humana y la solidaridad.
  • Protección firme de los derechos de los consumidores, sancionando la información fraudulenta, la publicidad engañosa, la adulteración de los productos, la alteración de pesos y medidas, y el incumplimiento de las normas de calidad.
  • Limitación de la intervención del Estado a cuestiones económicas estratégicas y al ajuste de las condiciones institucionales para que no contradigan los objetivos sociales y la libertad de los trabajadores, así como al control y castigo de los abusos previstos por la ley, y a las medidas coercitivas para evitar que se violen las obligaciones fiscales. Al Estado le corresponde una planificación económica referencial para los diversos operadores económicos.

El desarrollo de las ideas contenidas en el Documento titulado "Bases para el Futuro: Respuesta a la Conceptualización del actual Modelo Económico y Social Cubano para el período 2018-2030.”, que se adjunta a este Manifiesto, queda sujeto a la aplicación de estos principios básicos y de otros que sean también debidamente reconocidos, de conformidad con los instrumentos contenidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos, en un proceso democrático en el que participen todos los cubanos en un ambiente de respeto por esos derechos internacionalmente reconocidos.